Justicia juvenil: entregaron certificados de la cuarta cohorte en la Ciudad

La formación en justicia juvenil sumó una nueva etapa con la entrega de certificados a quienes completaron la cuarta cohorte de la Diplomatura en Justicia Juvenil: situación, tendencias y retos desde una mirada restaurativa. El acto se realizó el miércoles 26 de agosto en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió a autoridades judiciales, docentes, tutores, especialistas y estudiantes.

La formación en justicia juvenil volvió a ocupar un lugar central en la agenda institucional porteña con el cierre de la cuarta cohorte de la Diplomatura en Justicia Juvenil: situación, tendencias y retos desde una mirada restaurativa. La ceremonia se desarrolló el miércoles 26 de agosto en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se entregaron certificados a los estudiantes que cumplieron con las exigencias académicas del programa.

Si te interesa profundizar desde otra mirada de la red, en Noticias Web podés ver Justicia juvenil: entregaron certificados de una.

Para ampliar el marco general del tema, conviene revisar también esta formación en justicia juvenil como referencia de contexto.

El encuentro no funcionó solamente como una instancia administrativa de finalización. También permitió revisar el valor de la capacitación especializada para quienes intervienen en procesos vinculados con niñas, niños y adolescentes, además de poner en común experiencias de cursada y desafíos profesionales. La actividad reunió a representantes del ámbito judicial, organismos de protección, instituciones académicas y participantes de Argentina y otros países de la región.

La noticia fue difundida originalmente por el portal del Poder Judicial de la Ciudad, en la publicación titulada entrega de certificados de la cuarta cohorte de la Diplomatura en Justicia Juvenil. El acto también tuvo una dimensión institucional especial por el anuncio de la renuncia de Marcela De Langhe a la presidencia del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial, cargo que ocupó durante seis años.

La formación en justicia juvenil suma una nueva cohorte especializada

La diplomatura es organizada de manera conjunta por el Centro de Formación Judicial de la Ciudad, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente —ILANUD—, la Secretaría de Infancias y Adolescencias de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Ministerio Público Tutelar porteño.

Su propuesta está orientada a personas que trabajan de forma directa o indirecta con la justicia penal juvenil. Esto incluye a integrantes del Poder Judicial, ministerios públicos, organismos de protección, equipos interdisciplinarios, ámbitos académicos y otras áreas relacionadas con las políticas destinadas a adolescentes en conflicto con la ley penal.

El enfoque combina contenidos jurídicos con herramientas provenientes de disciplinas sociales, educativas y comunitarias. La mirada restaurativa busca ampliar la forma de comprender los conflictos y sus consecuencias, sin reducir cada situación a una respuesta exclusivamente punitiva. En ese marco, adquieren relevancia la responsabilidad, la reparación posible, la participación de las personas involucradas y la protección integral de derechos.

La Legislatura porteña declaró a la diplomatura de interés educativo y jurídico en 2024. Ese reconocimiento acompañó un proceso de consolidación de la propuesta, que desde su primera edición fue ampliando la participación de especialistas y cursantes de diferentes jurisdicciones.

Un acto con participación judicial, académica y regional

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la diputada Aldana Crucitta, quien recibió a las autoridades, docentes, tutores y estudiantes presentes. En su intervención destacó la importancia de que la Legislatura acompañe iniciativas académicas relacionadas con el fortalecimiento de la justicia juvenil y la formación permanente de quienes trabajan en el sistema.

El panel de apertura estuvo integrado por Marcela De Langhe, jueza del Tribunal Superior de Justicia; Javier Buján, presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas; Raúl Alfonsín, asesor general tutelar adjunto; Romina Furió, titular de la Secretaría de Infancias y Adolescencias de esa Cámara; y Douglas Durán Chavarría, director de ILANUD, quien participó mediante la plataforma Zoom.

Durante las exposiciones se remarcó la necesidad de sostener espacios de actualización que permitan abordar los casos juveniles con conocimientos específicos y una perspectiva interdisciplinaria. Los participantes también pusieron en valor la cooperación entre las instituciones organizadoras, que permite reunir saberes, prácticas y experiencias de distintos sectores del sistema de justicia.

La modalidad híbrida amplió el alcance del encuentro. A la presencia de autoridades y estudiantes en la Legislatura se sumaron intervenciones virtuales, una dinámica que la diplomatura ya incorporó para vincular a cursantes y docentes ubicados en diferentes ciudades y países. Esa dimensión regional es uno de los rasgos que distingue a la propuesta después de varias ediciones.

Qué aporta una mirada restaurativa al trabajo con adolescentes

La perspectiva restaurativa parte de una comprensión amplia del conflicto. Además de considerar la eventual infracción y sus consecuencias legales, procura identificar a las personas afectadas, las responsabilidades involucradas y las alternativas disponibles para reparar daños o recomponer vínculos cuando las condiciones lo permiten.

En el campo juvenil, esta mirada requiere especial cuidado. Las intervenciones deben contemplar la edad, el desarrollo, el contexto familiar y social, las condiciones de vulnerabilidad y las garantías específicas reconocidas para niñas, niños y adolescentes. Por ese motivo, el abordaje no puede depender únicamente de la interpretación de una norma: también necesita equipos capaces de evaluar circunstancias personales y comunitarias.

La capacitación especializada puede ayudar a que jueces, fiscales, defensores, asesores, equipos técnicos y operadores institucionales compartan criterios de análisis. No significa que todos los casos deban resolverse de la misma manera, sino que las decisiones puedan apoyarse en conocimientos actualizados y en una evaluación más completa de cada situación.

El enfoque también plantea retos concretos. La reparación no siempre resulta posible, las partes pueden tener intereses contrapuestos y las instituciones deben evitar que las alternativas restaurativas se conviertan en mecanismos de presión. Por eso, la formación debe incluir tanto las posibilidades del modelo como sus límites, las garantías procesales y la obligación de proteger a quienes se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad.

Los estudiantes compartieron experiencias de una cursada federal

Uno de los momentos destacados de la jornada estuvo protagonizado por los propios estudiantes de la cuarta cohorte. Los participantes compartieron reflexiones sobre el recorrido académico, los contenidos trabajados y la utilidad de intercambiar perspectivas con profesionales de otros ámbitos.

El segundo panel contó con la participación virtual de Adriana Lander, directora de la diplomatura; Marcela Gudiño, coordinadora; y Patricia Mazzeo, tutora de la cuarta cohorte. Sus intervenciones permitieron repasar el trabajo realizado durante 2025 y el acompañamiento brindado a los cursantes a lo largo del trayecto.

También se incorporaron testimonios de participantes extranjeros mediante videoconferencia. La presencia de estudiantes de otros países refleja que los debates sobre justicia juvenil exceden las fronteras de una ciudad o de un sistema judicial particular. Aunque cada jurisdicción posee marcos normativos y estructuras diferentes, existen problemas comunes vinculados con la protección de derechos, la prevención de la violencia institucional y la búsqueda de respuestas proporcionales.

El intercambio regional puede resultar útil para comparar prácticas, detectar dificultades compartidas y conocer experiencias que luego deben ser evaluadas antes de trasladarse a otro contexto. En materia juvenil, las soluciones no pueden copiarse de manera automática: requieren adaptación institucional, análisis legal y consideración de las realidades sociales de cada comunidad.

La quinta edición ya está en desarrollo durante 2026

La entrega de certificados marcó el final de la cuarta cohorte, pero no el cierre de la iniciativa. Según se informó durante el acto, la quinta edición de la diplomatura se encuentra actualmente en desarrollo durante 2026. La continuidad permite sostener una comunidad de formación que reúne nuevas camadas de estudiantes con docentes y especialistas que participan de distintas ediciones.

Para las instituciones organizadoras, mantener el programa supone generar un espacio estable de actualización en un área que exige respuestas especializadas. La justicia penal juvenil está atravesada por cambios normativos, transformaciones sociales, nuevas formas de violencia y discusiones sobre las políticas de prevención y reinserción. Una propuesta académica sostenida puede contribuir a que esos debates no queden limitados a coyunturas puntuales.

La continuidad también favorece la construcción de redes profesionales. El contacto entre cursantes de distintas provincias y países puede facilitar futuros intercambios, actividades académicas y proyectos de investigación, siempre dentro de las competencias y responsabilidades de cada institución. En este punto, la experiencia acumulada por la diplomatura adquiere valor como plataforma de diálogo especializado.

El cambio en el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial

La ceremonia tuvo además un componente institucional relacionado con la conducción del Centro de Formación Judicial. Durante sus palabras, Marcela De Langhe anunció su renuncia a la presidencia del Consejo Académico, luego de seis años al frente del organismo, y agradeció a las personas que la acompañaron durante su gestión.

Javier Buján y Raúl Alfonsín reconocieron el trabajo desarrollado por De Langhe y señalaron el crecimiento alcanzado por el Centro durante ese período. También destacaron el desafío que tendrá quien asuma la conducción, especialmente en lo referido a la continuidad de las políticas de capacitación y al fortalecimiento de las propuestas destinadas a las generaciones futuras del Poder Judicial.

El anuncio se produjo en una jornada dedicada precisamente a mostrar los resultados de una política de formación. La diplomatura aparece así vinculada con una visión más amplia del desarrollo institucional: la capacitación no se limita a cursos aislados, sino que puede formar parte de una estrategia para mejorar la preparación de los equipos y promover criterios de trabajo compartidos.

Qué visibilidad puede alcanzar una diplomatura judicial con alcance regional

Desde el punto de vista de la comunicación institucional, una propuesta como esta tiene un público específico que busca información precisa: profesionales del derecho, integrantes de organismos de protección, estudiantes avanzados, investigadores y personas interesadas en políticas de infancia y adolescencia. La publicación de actos, cohortes y nuevas ediciones facilita que esos públicos encuentren oportunidades de formación y conozcan sus instituciones responsables.

Para los sitios vinculados con el sector público, la claridad de los títulos, las fechas, los organismos participantes y la continuidad de cada programa resulta especialmente importante. Una noticia que identifica la cuarta cohorte, el lugar del acto y la existencia de una quinta edición ofrece más utilidad que un anuncio institucional sin contexto. También permite distinguir entre una actividad ya finalizada y una convocatoria vigente.

En términos de visibilidad orgánica, las búsquedas relacionadas con diplomaturas, justicia juvenil, enfoque restaurativo y capacitación judicial suelen requerir contenidos que expliquen qué ocurrió y por qué puede interesar. La información verificable sobre autoridades, instituciones y alcance territorial ayuda a construir una referencia documental, mientras que los enlaces a la fuente original permiten revisar el anuncio completo.

Para quienes evalúan participar en futuras ediciones, el dato más relevante es que el programa mantiene continuidad durante 2026. Sin embargo, la fuente no informa en esta publicación requisitos de inscripción, fechas de convocatoria, modalidad completa ni condiciones de cursada. Esos aspectos deben confirmarse en los canales oficiales antes de tomar una decisión.

La entrega de certificados de la cuarta cohorte muestra la consolidación de una iniciativa que combina formación jurídica, intercambio interdisciplinario y cooperación regional. Al mismo tiempo, la continuidad de la quinta edición y el cambio anunciado en el Consejo Académico abren una nueva etapa para el Centro de Formación Judicial. Para profesionales y estudiantes interesados en el área, seguir las próximas comunicaciones institucionales será la vía más segura para conocer nuevas actividades y oportunidades de capacitación.