Ley de protección digital: reclaman al Congreso medidas para menores

Más de 300 organizaciones y referentes de Argentina y América Latina reclaman al Congreso una ley de protección digital para chicos y adolescentes. La campaña propone establecer obligaciones para las plataformas sobre los servicios que ofrecen, los datos que recopilan y los contenidos que recomiendan.

Qué busca cambiar la ley de protección digital

La Campaña Nacional para la Protección y Ejercicio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Digitales busca sentar las bases de una futura norma integral. El planteo parte de una premisa: la protección de los menores no debería depender exclusivamente de las familias y las escuelas, sino también de reglas dirigidas a las empresas que diseñan y administran plataformas digitales.

Entre los objetivos mencionados por sus impulsores aparecen obligaciones vinculadas con los productos y servicios ofrecidos a menores, el tratamiento de sus datos personales y los sistemas que determinan qué contenidos reciben mayor visibilidad. La campaña reúne diez puntos mínimos, aunque el material disponible para esta nota no detalla cada uno de ellos.

Por qué las organizaciones ponen el foco en las plataformas

La iniciativa cuestiona que las empresas puedan autorregularse cuando sus decisiones de diseño inciden en derechos de niños, niñas y adolescentes. Carolina Martínez Elebi, licenciada en Ciencias de la Comunicación y docente de la Universidad de Buenos Aires, explicó a Clarín que el reclamo apunta a regular los diseños técnicos y los modelos de negocio de las plataformas.

La discusión no plantea, según la explicación citada, abrir al público todos los detalles de los sistemas utilizados por las compañías. Martínez Elebi señaló que podría existir una revisión por parte de un organismo con capacidad técnica, de manera comparable —como referencia— con las auditorías que realiza la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en sus ámbitos de competencia. Esa comparación pertenece a la especialista y no implica que exista actualmente un organismo con esas funciones para plataformas digitales.

Qué relación tienen los algoritmos con la experiencia de los menores

La campaña pide que las empresas informen cómo funcionan sus sistemas de recomendación. Esos mecanismos intervienen en la selección del video, publicación o tema que aparece después del contenido que una persona acaba de ver.

El reclamo también menciona el infinite scroll, un formato de desplazamiento continuo que permite seguir recibiendo contenidos sin un final visible. La preocupación de las organizaciones se concentra en cómo estas decisiones pueden influir en el tiempo de uso, la repetición de determinados temas y la exposición a contenidos perjudiciales.

La transparencia algorítmica, en este contexto, no significa necesariamente publicar el código o revelar secretos comerciales. El planteo es que una autoridad con facultades de fiscalización pueda revisar los sistemas y evaluar sus efectos, especialmente cuando están dirigidos a usuarios menores de edad.

Qué muestran los datos disponibles en Argentina

La encuesta Kids Online Argentina 2025, realizada por UNICEF y UNESCO, relevó a 5.910 estudiantes de 9 a 17 años en escuelas urbanas. Según los datos difundidos, el 80% usa redes sociales todos o casi todos los días.

El 46% de los estudiantes declaró percibir algún uso problemático de internet, celulares o videojuegos. Entre las situaciones mencionadas figuran los intentos fallidos de reducir el tiempo conectado y una disminución del rendimiento escolar. El trabajo de campo se realizó entre octubre y diciembre de 2024.

Estos datos describen hábitos y percepciones de los estudiantes relevados. Por sí solos, no demuestran que un diseño específico de una plataforma sea la causa de esos problemas ni permiten extrapolar los resultados a toda la población argentina.

Quiénes participan de la campaña

Entre las organizaciones que adhirieron figuran Amnistía Internacional Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría, Chicos.net, Red por la Infancia, Protección Digital Argentina, ÉFORO, OBSERVACOM, Faro Digital y Grooming Argentina.

También acompañan la propuesta la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. La campaña promueve además un espacio de participación juvenil para recoger opiniones, propuestas y preocupaciones sobre el entorno digital.

Qué antecedentes internacionales aparecen en el debate

El reclamo argentino se presenta en un contexto internacional de demandas contra grandes plataformas. En Estados Unidos, 33 estados demandaron a Meta en octubre de 2023 y la acusaron de diseñar funciones que fomentaban el uso compulsivo entre menores y de minimizar los riesgos de sus servicios. La empresa negó haber actuado indebidamente.

El 25 de marzo de 2026, un jurado de Los Ángeles consideró negligentes a Meta y Google por el diseño de Instagram y YouTube y por no advertir sobre sus peligros, según la información de la fuente. En agosto de 2026, Meta alcanzó acuerdos con estados y territorios estadounidenses por hasta 18.000 millones de dólares durante una década. El acuerdo principal recibió aprobación judicial el 26 de agosto e incluye medidas anunciadas como límites de uso, bloqueo nocturno y auditoría independiente, con posibilidades de autorización parental en algunos casos.

Estos antecedentes forman parte del argumento de la campaña, pero no equivalen a una ley argentina ni determinan qué medidas aprobaría el Congreso local.

Qué falta para que el reclamo llegue a una norma

Los impulsores informaron que mantienen reuniones y participan en actividades con diputados y senadores de distintos espacios políticos. Su objetivo es que ambas cámaras avancen en una ley antes del cierre del período ordinario de 2026, aunque el material disponible no identifica un proyecto presentado, su articulado ni un cronograma parlamentario confirmado.

Las adhesiones a la campaña se reciben a través del sitio protecciondigitalya.org. Para evaluar la evolución del reclamo, será necesario seguir si los diez puntos se transforman en un texto legislativo, qué autoridad tendría a cargo la fiscalización y qué obligaciones concretas se aplicarían según la edad y el tipo de servicio.