Testimonio contra Walter Maciel complica al excomisario en el caso Loan

El testimonio contra Walter Maciel sumó un elemento relevante al juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña: el sargento Orlando Ezequiel Cáceres afirmó que el excomisario de 9 de Julio demoró la salida hacia la zona rural y luego le indicó modificar los horarios asentados en el libro de guardia. La declaración también expuso detalles sobre la intervención de los falsos integrantes de la Fundación Dupuy y las distintas líneas que atraviesan la investigación.

Durante una audiencia de más de tres horas, el sargento de la Policía de Corrientes Orlando Ezequiel Cáceres describió cómo actuó la comisaría de 9 de Julio el 13 de junio de 2024, cuando se reportó la desaparición de Loan Danilo Peña, de cinco años. Según su relato, la dependencia recibió el aviso a las 15.38, pero el desplazamiento hacia el campo de Catalina Peña, abuela del niño, se demoró y recién comenzó cerca de las 16.50.

La declaración ubicó al excomisario Walter Adrián Maciel en el centro de una discusión sobre los tiempos de respuesta y la documentación oficial del operativo. Cáceres sostuvo que su superior le pidió registrar una hora distinta a la que figuraba en sus anotaciones y que, cuando intentó advertirle la diferencia, recibió una orden tajante para que escribiera lo que le indicaba.

El testimonio contra Walter Maciel y la demora en el operativo

Cáceres recordó que ese día cumplía funciones como jefe de guardia. En ese contexto recibió un llamado de Mariano Duarte, quien le comunicó que había desaparecido un chico en la zona rural, dentro del campo de Catalina Peña. Duarte, a su vez, había sido alertado por María Victoria Caillava, una de las personas imputadas en la causa.

La Policía de 9 de Julio tenía asignada la custodia de una procesión por las celebraciones de San Antonio de Padua. Después de recibir la noticia, Cáceres dijo que informó al oficial Eduardo Torres y que ambos quedaron a la espera de nuevas instrucciones. Torres se dirigió a la casa de Maciel y, según el testigo, luego transmitió que debían continuar con la tarea prevista para la procesión.

El sargento declaró que no podía precisar si Torres había hablado con Maciel por teléfono o personalmente. Sí recordó que la orden fue mantener la custodia del evento religioso, pese a que ya existía una alerta por la desaparición de un menor en un área rural. Más tarde, alrededor de las 16.40, los agentes fueron convocados a la base para preparar abrigos y linternas antes de trasladarse al campo.

“No sé por qué no fuimos inmediatamente”, señaló Cáceres durante su exposición. Esa demora es uno de los puntos que la acusación y las defensas pueden interpretar de manera diferente dentro del debate, ya que el horario de la primera comunicación y el momento efectivo del rastrillaje resultan centrales para reconstruir la respuesta policial.

Qué habría ocurrido con el libro de guardia de la comisaría

Otro tramo significativo de la declaración estuvo relacionado con el registro de novedades. Cáceres explicó que, durante esa jornada, Maciel retuvo el libro de guardia y que los hechos se fueron anotando de manera provisoria en un borrador. Al día siguiente, cuando el sargento completaba el documento, el excomisario le habría indicado que asentara las 16.15 como hora de recepción del llamado.

El policía afirmó que conocía un horario diferente porque tenía registrada la llamada de Duarte a las 15.38. También sostuvo que Maciel le pidió consignar las 16.15 como momento de salida hacia el campo, aunque el grupo habría partido aproximadamente a las 16.50. Cáceres describió esa instrucción como inusual y dijo que otro integrante de la comisaría coincidió en que no era normal modificar de ese modo los horarios de una actuación oficial.

Los libros de guardia cumplen una función documental dentro de una dependencia policial. Allí se deja constancia de comunicaciones, movimientos, órdenes y procedimientos. Por eso, cualquier diferencia entre los registros preliminares, los testimonios y la versión asentada formalmente puede ser examinada por el tribunal al evaluar la credibilidad de los participantes y la posible alteración de la secuencia de los hechos.

El rastrillaje en la zona del Algarrobal

Cáceres contó que se dirigió hacia el Algarrobal con un anotador para registrar las novedades del procedimiento. Sin embargo, afirmó que Maciel le dijo que él se encargaría de dejar constancia de lo ocurrido. El grupo recibió la instrucción de rastrillar el sector donde se había visto por última vez a Loan.

En el callejón que conecta la casa de Catalina con el naranjal, el sargento se cruzó con Caillava y con su esposo, Carlos Guido Pérez, capitán de navío retirado. De acuerdo con su relato, ambos salían del lugar y no observó ninguna situación que le llamara especialmente la atención. Esa referencia forma parte de la reconstrucción de los movimientos registrados durante las primeras horas de búsqueda.

El temor del sargento y la intervención de la Fundación Dupuy

Durante la audiencia, Cáceres también relató el momento en que agentes de la Policía Federal Argentina lo trasladaron a Goya para tomarle declaración. Según dijo, el procedimiento se interrumpió y le comunicaron que al día siguiente debía presentarse ante el juzgado. El testigo aseguró que sintió temor frente a esa situación y que luego recibió indicaciones vinculadas con la necesidad de contar con asistencia legal.

En ese tramo apareció el nombre de la denominada Fundación Dupuy, cuyos integrantes están siendo juzgados por su presunta participación en maniobras destinadas a desviar la investigación. Cáceres explicó que la jueza federal Cristina Pozzer Penzo le recomendó conseguir un abogado. Después, su esposa y su cuñada se contactaron con personas que se presentaban como miembros de la organización.

El sargento sostuvo que junto con Elizabeth Cutaia, una de las acusadas, viajó a Goya. Allí tuvo un encuentro con Fernando Burlando, quien por entonces representaba a la familia de Loan. También afirmó que observó una conversación privada entre Burlando y otro abogado. A partir de esa revelación, el defensor Rodolfo Baqué pidió que se cite como nuevos testigos a Burlando, a la esposa de Cáceres y a su cuñada.

Los jueces indicaron que analizarán la pertinencia y utilidad de esas declaraciones, mientras que el fiscal Carlos Schaefer se opuso al pedido. La eventual incorporación de nuevos testimonios dependerá de la evaluación del tribunal y de su relación concreta con los hechos que se juzgan.

Los periodistas describieron el control sobre los testigos

El periodista Christian Balbo, del canal América, declaró que para entrevistar a Camila Núñez o Macarena Peña, mientras ambas se encontraban en el hotel Despertar del Iberá, era necesario obtener autorización de Cutaia o de Alan Cañete. Balbo describió que los integrantes de la organización actuaban como si brindaran contención a los testigos.

El periodista explicó que esa percepción cambió meses después, cuando la jueza Pozzer Penzo ordenó detener a varios de ellos. También se refirió a Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, a quien definió como una persona reservada y educada. Según su testimonio, Soria se acercó para cuestionar información televisiva relacionada con la captación de menores con fines de explotación sexual.

La audiencia incluyó además las declaraciones de José Alberto Peña, padre de Camila, y del camarógrafo Valentín Correa. La exposición de Peña fue breve y no aportó elementos considerados relevantes para la causa, mientras que el testimonio de Correa tampoco produjo novedades sustanciales.

Qué resolvió la jueza sobre la hipótesis de trata

En paralelo al debate oral, Cristina Pozzer Penzo dictó una resolución de más de cien páginas en la que sobreseyó a siete personas que estaban siendo investigadas por el delito de trata de personas. La medida alcanzó a Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Maciel. También benefició al policía retirado Amado Méndez, quien ya contaba con una falta de mérito.

La decisión fue impulsada por los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, junto con el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán. El fallo sostuvo que la valoración de la prueba no permitió confirmar el tipo penal analizado ni encontrar elementos objetivos suficientes para sostener esa acusación.

El sobreseimiento no implica que se haya determinado qué ocurrió con Loan ni que se haya cerrado la búsqueda del niño. La magistrada aclaró que continúan las tareas para establecer su paradero y que permanecen activas las alertas internacionales de Interpol, además de las publicaciones y medidas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas.

Qué puede cambiar en el juicio tras la declaración policial

El testimonio contra Walter Maciel puede adquirir importancia por tres motivos: la diferencia entre la hora comunicada y la asentada, la demora atribuida al despliegue policial y la intervención del excomisario en la elaboración del libro de guardia. La valoración final dependerá de cómo el tribunal contraste esta declaración con documentos, peritajes y otros testimonios.

En causas complejas, las primeras horas suelen ser determinantes porque permiten establecer qué información recibió cada autoridad, qué decisiones se tomaron y qué recursos se activaron. La reconstrucción de esos minutos no alcanza por sí sola para definir responsabilidades, pero puede aportar una secuencia verificable para comparar con otras versiones.

La audiencia continuará con la declaración de Nicolás Soria y de otros tres testigos. Uno de ellos comparecerá desde la Unidad Penal 6 de Corrientes por motivos relacionados con su salud y seguridad. La cobertura original de la jornada fue publicada por Clarín.

Para seguir el caso, resulta necesario distinguir entre los hechos expuestos durante el juicio, las hipótesis que fueron descartadas y las medidas que continúan vigentes. La declaración de Cáceres aporta una nueva descripción sobre la respuesta policial inicial, pero serán los jueces quienes determinen qué valor probatorio tiene dentro del conjunto de la causa.