Nicolás Payarola, cerca del juicio por presuntas estafas millonarias

El pedido de juicio contra Nicolás Payarola por presuntas estafas millonarias avanza en los tribunales de San Isidro, donde la Fiscalía le atribuye 13 hechos que habrían generado un perjuicio aproximado de US$ 1,824 millones. Entre las personas denunciantes figuran integrantes de la familia del futbolista Gonzalo Montiel, la abogada María Macarena Posse y otras mujeres que contrataron servicios legales o asesoramiento para operaciones patrimoniales y judiciales.

La investigación contra el abogado mediático Nicolás Agustín Payarola ingresó en una etapa decisiva. El fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, solicitó que el acusado sea sometido a juicio oral por una serie de maniobras que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, combinaron engaños, abuso de confianza y retención de fondos o bienes. Payarola, de 43 años, permanece detenido desde noviembre de 2025.

El requerimiento fiscal describe un perjuicio total cercano a los US$ 1,824 millones y atribuye al abogado siete hechos en calidad de autor y otros seis como coautor. La acusación incluye presuntas estafas reiteradas, defraudación por retención indebida, abuso de firma en blanco y administración fraudulenta. Se trata de imputaciones que todavía deberán ser discutidas en un debate oral y público, por lo que la responsabilidad penal no está definida.

La presentación fue realizada ante la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro. Ese tribunal deberá resolver el cierre de la etapa de instrucción, mientras se aguarda la eventual asignación del órgano judicial que intervenga en el juicio. La noticia original fue publicada por Clarín.

estafas millonarias de Payarola: El pedido de juicio por presuntas estafas millonarias

Según el dictamen de elevación, la Fiscalía entiende que los hechos investigados no serían episodios aislados, sino parte de una conducta reiterada. La acusación sostiene que Payarola habría utilizado su condición de abogado y los vínculos de confianza construidos con sus clientes para obtener dinero, bienes o autorizaciones que luego no habrían sido restituidos ni destinados a los fines comprometidos.

En el documento, el fiscal Iribarren caracterizó el comportamiento denunciado como una conducta sistemática y maliciosa. También planteó que el letrado habría tenido un papel central en la cadena de hechos investigados y que los fondos obtenidos habrían sido utilizados en beneficio propio. Esas afirmaciones forman parte de la postura acusatoria y deberán ser probadas con documentación, testimonios y demás elementos durante las instancias correspondientes.

La investigación contempla operaciones de naturaleza diferente: una transferencia de dinero vinculada con un proyecto inmobiliario, la entrega de un vehículo, fondos destinados a medidas cautelares y honorarios profesionales que no habrían sido abonados. La variedad de situaciones explica la inclusión de distintas figuras legales dentro de la acusación.

La denuncia vinculada con la familia de Gonzalo Montiel

Uno de los expedientes centrales tiene como denunciante a Juan Marcelo Montiel, padre del campeón mundial Gonzalo Montiel. La relación con Payarola habría comenzado en el contexto de la defensa del futbolista frente a una denuncia por abuso sexual presentada en 2023. Luego, el vínculo profesional se habría ampliado hacia un proyecto inmobiliario que la familia pretendía desarrollar en la zona de Ezeiza.

De acuerdo con la denuncia, la familia Montiel entregó aproximadamente US$ 200.000 como seña de un campo y para avanzar con una carta oferta destinada al propietario de las tierras. Más tarde, siempre según la acusación, Payarola habría recomendado adquirir dólares mediante operaciones financieras conocidas como dólar MEP, mientras se esperaba el avance del emprendimiento.

En ese marco se habrían realizado nuevas transferencias por distintos montos, entre ellas una operación cercana a US$ 160.000 dividida en tres pagos. El total entregado habría rondado los US$ 700.000. La familia sostuvo que el desarrollo nunca se concretó y que, ante los reclamos, recibió explicaciones y promesas que no resolvieron la devolución del dinero.

La presentación también señala que, con el paso del tiempo, fueron entregados documentos que presuntamente contenían firmas falsificadas y datos que no se correspondían con la operación acordada. La Fiscalía interpretó que las demoras, las respuestas evasivas y las sucesivas promesas habrían servido para prolongar la confianza de los denunciantes y postergar la respuesta patrimonial.

Un campo, una camioneta y una deuda que superaría los US$ 600.000

Otro de los casos investigados involucra a Sergio Occhiuzzo, propietario de Campos de la Virgen de Luján, una propiedad situada en La Pampa. Según la denuncia, Payarola se habría acercado con la propuesta de representar al empresario para pesificar una deuda y ordenar distintos problemas patrimoniales.

En el marco de esa relación, el abogado habría retirado una camioneta Toyota Hilux con la promesa de pagarla después de concretar una transferencia. El pago, según el denunciante, nunca se habría producido. Además del vehículo, Occhiuzzo atribuyó a las maniobras investigadas un perjuicio superior a US$ 600.000 y 13 millones de pesos, relacionado con embargos, inhibiciones y decretos de quiebra.

Para la Fiscalía, en este expediente habría existido un engaño destinado a provocar una disposición patrimonial perjudicial. En términos simples, la acusación sostiene que la víctima habría entregado bienes o permitido determinadas gestiones porque confió en una explicación que luego no se habría cumplido. La defensa tendrá la posibilidad de discutir esa interpretación y aportar su propia versión de los hechos.

El conflicto con las abogadas vinculadas a Wanda Nara

Entre los 13 hechos incluidos en el pedido de juicio aparece también una denuncia presentada por la abogada María Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro Gustavo Posse. Según su exposición, ella y su socia, Silvana De Leonardis, fueron convocadas para trabajar en la representación legal de Wanda Nara.

En enero de 2025, las profesionales habrían asumido tareas relacionadas con el conflicto familiar y patrimonial de la conductora con Mauro Icardi. Entre las actuaciones mencionadas se encontraban presentaciones vinculadas con alimentos para las hijas de la pareja y distintas medidas cautelares. En ese contexto se habría establecido una cláusula de rescisión que contemplaba el pago de US$ 600.000 si el patrocinio era revocado por la clienta.

El 1° de abril aparecieron escritos que revocaban el poder otorgado al estudio Posse De Leonardis & Asociados. Las abogadas intentaron comunicarse con Payarola y, según la denuncia, no habrían obtenido una respuesta satisfactoria. Luego difundieron un comunicado público y el abogado habría retomado el contacto, aunque el estudio sostiene que los honorarios reclamados nunca fueron abonados.

La acusación no implica que la controversia contractual determine por sí sola la existencia de un delito. Para que una conducta sea considerada penalmente relevante deben analizarse el acuerdo, las obligaciones asumidas, la intención, los documentos y el destino de los fondos. Esos elementos serán parte de la discusión judicial.

Otras denunciantes y el patrón que analiza la Fiscalía

Además de los casos mencionados, otras cinco mujeres forman parte del conjunto de denunciantes. Entre ellas se encuentran dos abogadas. Una de las acusaciones fue formulada por María Ximena Braña, quien habría contratado a Payarola para gestionar medidas cautelares relacionadas con su exmarido y padre de sus hijas.

Según la denuncia, la mujer habría pagado US$ 800.000 para iniciar el trabajo. Sin embargo, afirmó que los escritos que el abogado le había anunciado nunca fueron presentados. La investigación deberá establecer qué tareas se pactaron, qué documentación fue entregada, qué pagos se realizaron y si existió una intención previa de incumplir o apropiarse de los fondos.

El fiscal describió un mecanismo que, de acuerdo con la hipótesis acusatoria, incluía excusas, postergaciones, promesas de devolución y documentos destinados a reconocer deudas o asumir compromisos de pago. La Fiscalía entiende que esas acciones habrían mantenido activa la expectativa de las víctimas y retrasado la presentación de reclamos formales.

En una causa de estas características, la reconstrucción de la secuencia temporal resulta fundamental. No alcanza con determinar cuánto dinero fue entregado: también deben verificarse las comunicaciones, los contratos, las transferencias bancarias, las escrituras, las cartas de pago, los poderes y las presentaciones judiciales vinculadas con cada caso.

Qué falta definir antes del debate oral

El pedido de elevación a juicio no equivale a una condena. La jueza de Garantías debe revisar si la investigación reúne elementos suficientes para que el caso avance y cuáles son exactamente los hechos y delitos que llegarían a debate. También pueden existir planteos de la defensa, pedidos de nulidad, discusiones sobre la validez de documentos o cuestionamientos a la calificación legal.

Si el proceso continúa, el tribunal deberá escuchar a las personas denunciantes, a los testigos y a los peritos que hayan intervenido. También tendrá que evaluar la documentación financiera y profesional incorporada al expediente. En una acusación que reúne operaciones inmobiliarias, contratos de representación y transferencias de grandes sumas, la trazabilidad del dinero será uno de los aspectos más relevantes.

La prisión preventiva y la situación procesal del acusado tampoco anticipan el resultado final. Son decisiones vinculadas con los riesgos que la Justicia evalúa durante la investigación, como una eventual fuga o el entorpecimiento de la producción de prueba. La culpabilidad solo puede establecerse mediante una sentencia fundada.

Cómo puede repercutir el caso en la visibilidad digital de los servicios legales

El expediente también expone un riesgo concreto para estudios jurídicos, clientes y negocios que ofrecen asesoramiento profesional a través de canales digitales. Cuando una persona contrata servicios legales o entrega fondos para una inversión, la reputación online puede influir en la decisión, pero no reemplaza la verificación documental ni el control de las operaciones.

Para los estudios y profesionales, una acusación de alto impacto puede modificar la manera en que usuarios, medios y buscadores interpretan su nombre. Las noticias judiciales suelen permanecer visibles durante años y asociarse con consultas de marca, por lo que la información pública, las aclaraciones institucionales y la trazabilidad de los servicios adquieren un valor adicional. En este tipo de situaciones, cualquier comunicación debe respetar la presunción de inocencia y diferenciar con claridad una denuncia, una imputación y una condena.

Para los potenciales clientes, la experiencia relatada en la causa refuerza la importancia de solicitar contratos claros, recibos, poderes delimitados y comprobantes de cada transferencia. También resulta prudente confirmar quién es el titular de una cuenta, consultar la matrícula profesional y exigir información verificable sobre una operación inmobiliaria antes de entregar sumas importantes.

El avance del expediente contra Nicolás Payarola permitirá determinar si las acusaciones de la Fiscalía se sostienen en juicio y cuál fue el destino de los bienes y fondos reclamados. Hasta que exista una resolución definitiva, el caso debe leerse como una investigación penal en curso, con víctimas que reclaman respuestas y una defensa que tendrá derecho a controvertir cada imputación.